Proyectos Legislativos
El golpe militar de 1976 utilizó la máxima violencia para construir un escenario que hiciera posible desarticular el estado de bienestar y sustituirlo por un estado gendarme que permitiera desmontar las conquistas sociales y económicas de nuestro pueblo. Es decir, la violación sistemática y organizada de los derechos humanos concretó el objetivo de los grupos del poder económico de concentración de la riqueza y apertura económica que se expresó en la pobreza y la desocupación que atravesó a nuestro país. En el mismo sentido, una política de defensa de los derechos humanos debe hacerse extensiva desde la lucha contra la impunidad hacia la promoción de los derechos económicos y sociales (los llamados derechos de segunda generación) que la dictadura tuvo como objeto violentar.
La década del noventa es marcada por la desigualdad económica y social junto con el debilitamiento del sentido y relevancia de aquello que es público y por lo tanto, de todos los y las habitantes del país. Allí se configuró una nueva etapa de empobrecimiento de la ciudadanía que se reflejó en el aspecto económico-social, generando un mayor número de personas excluidas.
La etapa de crisis económica, política e institucional de 2001-2002 significó la irrupción, desde el punto de vista ciudadano, de una resistencia masiva y mayoritaria a la continuidad del régimen instaurado durante la década anterior. La apropiación de los lugares públicos por miles de personas y el colectivo rechazo a las medidas económicas que buscaban perpetuar un modelo agotado, deben leerse como la apropiación de hecho del concepto de ciudadanía por parte de nuestro pueblo.
El proceso abierto en el 2003 permitió comenzar a revertir la situación de catástrofe social a la que se había llegado y dio espacio al empoderamiento real de una ciudadanía más consciente de sus derechos. Esta etapa de recuperación de ciudadanía hizo foco en dos ejes principales tomados de la demanda social: el económico-social y el que buscaba el fin de la impunidad.
Estos seis años han sido centrales en la recuperación de la ciudadanía a partir de dar respuesta a estas dos dimensiones de reclamo.
1Los índices de desarrollo económico y social y la posibilidad de juzgar los aberrantes crímenes ocurridos en nuestro país durante la dictadura militar, gracias al fortalecimiento de las instituciones, hablan de que hemos avanzado a un punto que exige ahora adelantarnos a las nuevas demandas sociales que se construyen sobre la base de la satisfacción de las anteriores.
