Seguridad/inseguridad

El debate sobre la inseguridad se ha vuelto a instalar con notable fuerza, al punto de ser  el tema casi exclusivo de la agenda pública. No hay duda de que detrás de la situación de inseguridad se montan los discursos autoritarios y conservadores que lo utilizan para la aplicación de políticas represivas o, sencillamente, con fines electorales.
Sin embargo, esta consideración no puede soslayar que la inseguridad (más allá de la amplificación que realizan los medios de comunicación) constituye una problemática real que aqueja a personas provenientes de todo el arco social.
En primer lugar, debemos decir que, indudablemente, no  se puede desvincular el delito de la situación social del país y no comparar el crecimiento del delito con el desarrollo del desempleo, la pobreza y la expropiación de ciudadanía de millones de argentinos durante la década infame del menemismo. Sólo comparando los índices de ambos se verá que las curvas convergen.

Las marcas sociales, culturales dejadas por aquella política no se solucionan con seis años de crecimiento, de baja de los índices de desocupación, con crecimiento de la matrícula educativa, etc. Lo que se destruyó en una década se reconstruirá en mucho más tiempo de políticas sostenidas en el tiempo.

La propuesta de una eterna variación de las leyes como solución, solo oculta la falta de propuesta o conocimiento idóneo sobre el tema. Y que ha habido una inflación de reformas penales y procesales, desintegrando la unidad que deben tener los códigos para cumplir con el papel que tienen en la sociedad. Está muy estudiado y probado que la variación de las leyes por si solas no producen modificación alguna en las conductas delictivas.
Cabe recordar a los grandes responsables de la inseguridad en tanto son los mismos de la catástrofe social, económica, educativa vivida en los 90, en la gestación de un país anómico, de sistemas de poder impunes, de la instalación del concepto ultra individualista de que el otro no importa.

La pena de muerte reclamada por algunas personas famosas de nuestro país constituye  una aberración. Hay que tomar en cuenta el crecimiento de la discriminación racial y social como base del arquetipo delictivo en la imaginación popular (los sospechados de siempre son pobres, desocupados, villeros, jóvenes). Como también de la idea de que alguien (fuera del proceso judicial) pueda impartir justicia, repartir penas y hacerlas cumplir por encima de la ley, de los procesos judiciales y las sentencias de los tribunales.

La mano dura no es una política de seguridad, sino un recurso lingüístico para aquellos que pretenden dar más poder a la policía, quitarle controles y límites a las fuerzas de seguridad. Aquellos que sostienen que con menos injerencia de jueces, fiscales, de funcionarios civiles, sin control de la sociedad todo funcionaria mejor.

La mano dura en ese sentido es la que ha estado vigente en la Argentina desde hace muchos años y los resultados son desastrosos: crecimiento del delito, fuerzas de seguridad y policiales corroídas por la corrupción, existencia de escuadrones de la muerte, sentencias extrajudiciales de pena de muerte en especial hacia adolescentes. Las cárceles están repletas de jóvenes, en su altísima mayoría procesados, sin sentencia por muchos años y sometidos a condiciones infrahumanas de malos tratos y tortura. Y en algunos casos, son utilizados por parte de los servicios penitenciarios como fuerza esclava para robos y delitos fuera de las propias unidades carcelarias.  La mano dura y su derivación real, policías sin control, han sido y serán una forma de la impunidad del delito.

El garantismo no es una política de seguridad, sino un criterio básico del derecho y de la convivencia en una sociedad basada en el Estado de derecho. La labor de quienes nos sentimos parte del pensamiento progresista de la Argentina no puede ser mirar para otro lado, sino ayudar al surgimiento de una sociedad donde todos podamos ejercer plenamente nuestros derechos, entre ellos, a la vida, a la paz, a la justicia.