Calidad institucional

Las reivindicaciones de calidad institucional han sido, en general, patrimonio de los sectores conservadores y liberales que las reducen a las cuestiones del combate de la corrupción, la transparencia o la división de poderes. Pese a la importancia de estas temáticas, en manos de los sectores conservadores estas problemáticas se reducen a ser su caballito de batalla contra los gobiernos que caracterizan como “populistas”. En contrapartida, las corrientes progresistas han o bien asimilado las consideraciones liberales acerca de las instituciones (el Frepaso es el caso emblemático) o bien las han desestimado y caracterizado secundarias frente a las políticas  económicas y sociales.

En realidad, la calidad institucional es una temática fundamental que, en términos progresistas y populares, debe resignificarse como la lucha por democratizar el poder y promover la participación popular en las decisiones políticas.

La mayor distorsión de la institucionalidad democrática es la separación abismal entre los representantes y el pueblo representado.

En este sentido,

la “democratización de la democracia” es condición de posibilidad para la profundización de las políticas económicas y sociales de redistribución de la riqueza y combate de la pobreza.

El régimen político actual, al reducir la democracia al acto electoral cada dos años redunda en la enajenación del poder popular, una vez emitido el voto. Esta alienación de la soberanía popular es funcional a las políticas antipopulares que, una vez electa, la clase política ha solido impulsar.  No hay posibilidad de impulsar un proceso de transformación social sino se corresponde con un proceso de mayor participación popular en las decisiones públicas. O, dicho de otra forma, si los sectores populares no se afirman como sujetos políticos del cambio.

En esta perspectiva, el desarrollo de mecanismos de democracia directa o semi-directa (como los plebiscitos o el Presupuesto Participativo) pueden cumplir un papel fundamental. La reestructuración de los partidos políticos, actualmente convertidos en aparatos vaciados de participación popular, podrían convertirlos en genuinos vehículos de la voluntad y el protagonismo popular. Disponer de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil, de modo de superar los modelos tanto de estado ausente como del estado paternalista, pueden enfocarnos hacia un proceso de democratización del estado y el poder. Por último, las tradicionales cuestiones ligadas a la calidad institucional, como el combate a la corrupción, el clientelismo y la falta de transparencia, son el prerrequisito básico para el impulso de políticas más profundas de “radicalización de la democracia”.