El presente proyecto de Ley tiene por objeto profundizar los mecanismos para prevenir conflictos de intereses entre los patrimonios privados de las autoridades públicas y las actividades que éstos desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata, de proponer una herramienta que junto con la futura ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, resuelva los conflictos de intereses que se puedan plantear en el desempeño de ciertas funciones públicas y que muchas veces afecta nuestro sistema democrático, restándole credibilidad y capacidad para actuar con eficiencia sobre la realidad social.
A través de los mecanismos propuestos: enajenación y fideicomiso ciego, se busca mejorar el control sobre el patrimonio de las autoridades públicas y disminuir la influencia de sus intereses privados y de sus familiares directos, en el ejercicio de la función pública.
El proyecto de Ley que propone la creación de este mismo mecanismo de control fue presentado ante el Congreso de la Nación por el bloque partidario Nuevo Encuentro Popular y Solidario, que representa Gabriela Cerruti en la Legislatura de la Ciudad, a fin de ser aplicado a nivel nacional.
En nuestra ciudad la ley se aplicaría a nuestros gobernantes y a personas con cargos de relevancia elegidos por aquellos, tanto al Jefe/a de Gobierno y Vice Jefa/e de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputadas y Diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y aquellas personas que sean designadas para los cargos de Jefa/e de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Ministras/os, Secretarias/os, Subsecretarias/os y Directoras/os Generales, Presidenta/e del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Directoras/os y Presidentas/es de Empresas del Estado o de sociedades comerciales en las cuales la Ciudad de Buenos Aires tenga una participación accionaria mayoritaria, o Directoras/es de Entes Autárquicos.
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