Adhesión por una Oficina Anticorrupción

Durante los últimos años se ha generado en la Ciudad un agravamiento de las condiciones estructurales de corrupción sobre la base de una confusión extrema entre los negocios privados y los recursos públicos.

La existencia de un Jefe de Gobierno que forma parte de un conglomerado empresarial que ha trabajado y trabaja con el Estado que él preside, la existencia de Ministros, funcionarios de alto rango y asesores también partícipes de ese mismo grupo empresario o de otros que se benefician con la obra pública, más allá de la paradoja ética que presenta, crea la necesidad de contar con los instrumentos idóneos para que la sospecha generalizada y las denuncias públicas tengan un camino real de solución en defensa del erario público y contra las prácticas de muchos empresarios que se enriquecieron a costa del Estado.

La ciudadanía porteña es quizás la que más se ha expresado por la necesidad de la transparencia, pero es en el actual gobierno donde más se confunden los intereses privados de los empresarios con los intereses generales de la población.

Sin dejar de reconocer el peso que tiene en esta demanda la actitud de las organizaciones de la sociedad civil, la participación de ciudadanos, el control legislativo, es evidente que la Ciudad no cuenta con los instrumentos necesarios.